miércoles, 24 de noviembre de 2010

Más de 30.000 funcionarios se manifiestan en Sevilla contra el PSOE, UGT y CCOO

Convocados por una asociación entre funcionarios y laborales -Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública – que nació para enfrentarse al decreto-ley 5/2010, 50.000 personas, según los organizadores, desfilaron por las calles de Sevilla. Una poderosa demostración de fuerza entre los empleados públicos que los tradicionales sindicatos UGT y CCOO habrán mirado con envidia, dado su reducido poder de convocatoria que tienen ultimamente.
Precisamente son esos dos sindicatos, pese a no tener mayoría en la representación sindical, que han llegado a un pacto con el gobierno del PSOE en cuanto a la integración por enchufe de la totalidad de la llamada Administración Paralela – cifrada en 35.000 personas por la propia UGT – en la Junta de Andalucía y la disolución de la práctica totalidad de la función pública andaluza.
En la manifestación había trabajadores de todas las categorías laborales y de todas las provincias, de todas las consejerías y delegaciones afectadas, de organismos autónomos, de menores, de centros de educación.
Todos unidos bajo camisetas de colores con lemas alusivos al “No al Decreto-Ley”. Había un mar de camisetas naranjas de Consejería de Salud y Medio Ambiente, violetas de Torretriana, blancas de Obras Públicas, delantales anaranjados.
La revuelta de los trabajadores de la Junta de Andalucía contra la imposición gubernamental del Decreto-Ley 5/2010 y el acuerdo de apoyo de UGT-CCOO al mismo tenía enfrente la mayor concentración de funcionarios y laborales habida en Sevilla desde la huelga general de la función pública del 26 de abril de 1990.
El golpe de efecto que los propios empleados públicos dan con esta manifestación es importante y en dos sentidos: por un lado al gobierno regional, incapaz de maniobrar ante la avalancha de protestas y abucheos a cualquier acto público para que derogue el Decreto-Ley. Y por otro lado a las centrales sindicales UGT y CCOO, porque al margen de ellas han movilizado la mayor masa de empleados públicos en Sevilla en 20 años y han formado en un tiempo récord un sólido cuerpo reivindicativo. De hecho, la convocatoria de la manifestación tuvo un importante desarrollo a través de email y de los blogs de internet.
La manifestación comenzó en la Alameda de Hércules con la lectura de un comunicado. Después se cantó el himno de Andalucía y se avanzó lentamente hacia el Parlamento. En este punto final de la concentración se podía cómo había entre 30.000 y 50.000 personas manifestándose pacíficamente con presencia de pitadas y de cánticos contra el Decreto-Ley y el gobierno de Griñán.
Al llegar al Parlamento cientos y cientos de manifestantes lanzaron enchufes de toda clase, así como ladrones eléctricos, a los jardines del Parlamento de Andalucía para mostrar su rechazo al decretazo. Gesto, por otro lado, que fue aplaudido vivamente por los asistentes.
___________________________________________________________________________________
Y en eso llegó la PEPA y mandó a parar…
Pese a quien le pese hoy en Sevilla los empleados públicos de la Junta de Andalucía han demostrado su rechazo contra el Decretazo, decreto ley 5/2010, mediante el cual realiza una macro operación de blanqueo de “empleo negro”.
50.000 voluntades unidas han salido de la Alameda de Hércules con rumbo al Parlamento Andaluz. Dotados de banderas, camisetas, gorras, pitos, bocinas, pancartas, alargaderas, enchufes, extensiones, regletas….Uniendo lo tradicional de las protestas laborales con elementos eléctricos que simbolizan el modo de acceso al seno de empresas de la Junta de Andalucía.
Esos elementos eléctricos junto con pancartas y otros “elementos ornamentales” han quedado depositados simbólicamente en las rejas que rodean al parlamento andaluz.
Distintas organizaciones han secundado la movilización que era convocada desde el seno de los propios empleados.
La PEPA, Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía, una de las presentes, es el resultado de la unión en la Plataforma Pública del Agua del resto de consejerías, al margen de organizaciones sindicales.
UGT y CCOO, las ausentes y firmantes del acuerdo con la administración andaluza, que han cargado tintas defendiendo, lo que supuestamente creen que es, el sindicalismo de clase; por el cual permiten la entrada de los empleados de esa “doble y oscura” administración paralela en el seno de la administración general, equiparando derechos entre quienes han sido filtrados por todas las normas de acceso, y los que han entrado por “distintos y diferentes medios”.
El sindicalismo de clase, como la defensa de la clase trabajadora sin excepción, efectivamente no de un grupo, ni “privilegiados” de bolsa de empleo u oposición, ni tampoco del club de “amigo de mí amigo”, ni uno ni otro es ser sindicalista de clase.
¿Acaso la propuesta firmada por UGT y CCOO equipara a toda la clase trabajadora a la aplicación del Ebep, del Régimen General de la SS, al Convenio Único, a las Ayudas Sociales; estudios, odontológicas, prótesis oculares, …etc.?. NO.
La propuesta permite que a un colectivo que nunca ha salido a la calle, reivindicando, clamando y exigiendo sus derechos, obtenga de un plumazo los mismos por los que otros trabajadores han sido sometidos a: Igualdad, Mérito y Capacidad.
La defensa de un colectivo exclusivamente no es sindicalismo de clase, la lucha por un colectivo que no cumple las normas de juego amparadas por el partido gobernante, menos.
Mucho menos propio de sindicatos de clase es difamar y calumniar con términos de “fascistas “y otros falsos como son antidemocráticos, son de derechas, a los trabajadores públicos en lucha….Hoy habían personas de esos sindicatos en esa manifestación (sin siglas para no pagar las iras que son responsabilidad de otros), reflejo del descontento y la falta de consenso y respaldo con el que han actuado sus cúpulas burócratas.
La realidad en esos sindicatos es que están defendiendo a la administración autonómica, contra viento y marea en un papel muy desafortunado, el tono de sus declaraciones les deja en evidencia y muestran sus verdaderos intereses y razones.
Quienes están en contra de la firma en ambos sindicatos, que los hay, están sufriendo la represión de esas organizaciones de “clase”, huevos estrellados en sus vehículos, fotos en las oficinas con la palabra traidor, la enemistad y enfrentamiento con quienes en la supuesta defensa del sindicalismo de “clase” regalan derechos a los aliados del partido gobernante, y de paso mantener sus pequeños beneficios, no están dispuestos a perder sus cómodas vidas.
Ahora los que han sido traicionados están abandonando esas organizaciones, otros se quedan y luchan para combatirlos mientras que el resto los confronta para poder seguir siendo parásitos del sufrimiento de la clase obrera, la que se manifiesta y reivindica sus derechos y el respeto de las normas del juego que la administración aprobó pero solo aplica cuando le conviene.
Sin duda alguna normas para todos o normas para ninguno. UGT y CCOO se ponen solos en el sitio que están defendiendo; esbirros del poder, asalariados del Capitalismo.